El Gobierno municipal de Getafe votará en contra de varios puntos polémicos de la asamblea de la Mancomunidad del Sur que se celebra este martes, por ser contrarios a los compromisos adquiridos anteriormente, o por las dudas jurídicas que se plantean con informes internos de la propia Mancomunidad.
El punto más polémico sin duda es la compra de varias parcelas para ampliar la vida útil del vertedero de Pinto otros 20 años, que según consta en la documentación de la asamblea, se hará por un precio cerca de un 500% superior a la tasación original. El Ayuntamiento de Getafe ya ha anunciado que denunciará en los tribunales esta decisión en caso de ser aprobada por el resto de municipios, ante la falta de justificación técnica, económica y jurídica.
Con esta adquisición de parcelas, la dirección actual de la Mancomunidad del Sur y la Comunidad de Madrid, rompen el compromiso adquirido la pasada legislatura, donde se acordó que esta sería la última fase del vertedero de Pinto y se abriría un nuevo vaso en los municipios del oeste, que recorren cada día cientos de kilómetros para tirar su basura en el sur.
Ante estas dudas jurídicas, no justificadas por la presidencia de la Mancomunidad por el sobreprecio de la compra de las parcelas, cómo es posible que no se haya valorado la oportunidad de trasladar el vertedero a otro de los municipios, diversificando la gestión de los residuos y evitando que nuevamente el sur cargue con todo el peso y sus consecuencias negativas.
La polémica de la Asamblea se centra también en la contratación por primera vez de personal de confianza para esta Mancomunidad, por un coste que supera los 100.000 euros anuales. Este despilfarro se une a otras decisiones dudosas, como que el alcalde de Sevilla la Nueva, Asensio Martínez, actual presidente de la Mancomunidad, quiera hacer uso de los vehículos oficiales de la misma.
El Gobierno local recuerda que el actual vertedero ocupa también parte de Getafe porque el exalcalde del Partido Popular, Juan Soler, se abstuvo de presentar alegaciones a su ampliación el 5 de junio de 2012, perjudicando con ello no solo a la ciudad sino al valor medioambiental del entorno. Ahora, a pesar de que la ciudad está implicada por aquella negligente gestión, no se ha consultado al municipio para la polémica nueva fase.
