El Consistorio se desmarca de la mayoría de municipios al no implantar aún la tasa de residuos obligatoria por la ley estatal. Recuenco defiende su postura y alega defensa del bolsillo ciudadano.
El Ayuntamiento de Leganés continúa manteniéndose firme en su decisión de no aplicar, por ahora, la nueva tasa de recogida de basuras que exige la legislación estatal.
Mientras en muchos municipios madrileños los recibos del conocido como “tasazo” ya han empezado a cobrarse a hogares, negocios y comunidades de propietarios, en Leganés no hay rastro de esta nueva carga fiscal.
La postura del gobierno local, liderado por Miguel Ángel Recuenco (PP) con el apoyo de Unión por Leganés (ULEG), es clara: aplazar la medida y estudiar con calma cómo se podría implantar, si es que se llega a aplicar. En palabras del propio alcalde: “Los vecinos no me votaron para ponerles un nuevos impuesto o tasa. Mientras yo sea alcalde voy a intentar evitarlo. No estamos obligados a implantarla y además supondrá un caos administrativo”.
La estrategia adoptada en el Pleno del pasado mes de diciembre fue la creación de una comisión de estudio que analice las implicaciones técnicas, jurídicas y económicas de esta tasa. De momento, esta vía evita aplicar un coste directo sobre los vecinos y empresas del municipio, al tiempo que permite ganar tiempo político frente a una medida que ha generado polémica a nivel nacional.
Una medida con amplio rechazo ciudadano
La decisión de Leganés contrasta con lo que ocurre en otros municipios, donde la aprobación de esta tasa ha generado malestar entre los contribuyentes. En ciudades cercanas, muchos vecinos han visto aparecer por primera vez en sus buzones recibos por la recogida de basuras con importes que, en algunos casos, superan los 150 euros anuales por vivienda, e incluso cifras de cinco cifras para empresas o centros educativos.
La crítica principal de asociaciones vecinales y organizaciones empresariales es la falta de proporcionalidad y transparencia en el cálculo de los importes. Aunque el espíritu de la norma -procedente de una directiva europea- es que “quien contamina, paga”, muchos ayuntamientos están aplicando criterios como el valor catastral, el número de metros cuadrados o el consumo de agua, en lugar de una medición real de residuos generados.
La base de esta nueva tasa se encuentra en la transposición de la Directiva (UE) 2024/1083, que impone a los Estados miembros establecer sistemas de financiación para la gestión de residuos sólidos urbanos que cumplan con el principio de “quien contamina paga”. España fijó como fecha límite el 10 de abril de 2025 para que los ayuntamientos adaptasen sus ordenanzas fiscales y empezaran a aplicar este nuevo tributo.
Sin embargo, según expertos jurídicos, la ley no obliga expresamente a imponer la tasa de forma uniforme ni con carácter inmediato, sino a garantizar la financiación del servicio. Por ello, el Ayuntamiento de Leganés considera que su decisión de aplazar la medida es jurídicamente sólida, al menos por ahora.
El hecho de que Leganés no haya implantado aún la tasa no implica que el servicio de recogida de basuras no tenga coste. La diferencia es que el Ayuntamiento asume su financiación desde el presupuesto municipal general, lo que, según la oposición, puede lastrar otras partidas si no se encuentra una solución a medio plazo.
Por su parte, la comisión de estudio aprobada en el Pleno tiene el encargo de explorar alternativas viables: desde modelos más justos de reparto del coste -basados en criterios objetivos de generación de residuos- hasta posibles bonificaciones o sistemas progresivos en función de renta.
Una decisión con impacto político
La negativa de Leganés a aplicar el tasazo tiene lecturas más allá de lo fiscal: se convierte en una bandera política del actual gobierno local en defensa de una “fiscalidad contenida”. No obstante, el debate está abierto: ¿Puede mantener la financiación sin recurrir a esta tasa si otros municipios ya la están cobrando?
En cualquier caso, Leganés ha optado por no precipitarse. Y en un contexto de creciente tensión fiscal y medioambiental, ese margen de tiempo puede ser tanto una oportunidad como un riesgo político.
