El grupo municipal Podemos Getafe ha presentado una proposición para el próximo Pleno del Ayuntamiento de Getafe con el objetivo de defender la micromovilidad y eliminar lo que consideran un «trato discriminatorio» hacia los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). La iniciativa surge tras los recientes informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que cuestionan la falta de neutralidad tecnológica en las nuevas normativas de tráfico y seguros, las cuales imponen requisitos más estrictos a los patinetes que a las bicicletas.

La propuesta de la formación morada insta al Ministerio del Interior y al de Hacienda a modificar la legislación vigente para suprimir la obligatoriedad de inscribir estos vehículos en un registro de la DGT y la necesidad de contratar un seguro de responsabilidad civil. Según el texto de la moción, las coberturas exigidas de hasta 70 millones de euros por daños personales son «desproporcionadas», teniendo en cuenta que el parque de vehículos asegurados en España supera los 34,7 millones y los VMP no generan daños asimilables a los de un automóvil.

«Defendemos un modelo de movilidad sostenible donde los patinetes eléctricos y las bicicletas sean una alternativa real al coche privado para reducir emisiones y atascos», ha declarado Carlos Enjuto, concejal de Podemos Getafe. «Imponer seguros de coche a un patinete es una barrera injustificada que castiga a quienes apuestan por formas de transporte limpias y económicas».

Asimismo, la proposición local reclama que RENFE y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) reviertan la prohibición de acceso de estos vehículos a sus instalaciones. La formación argumenta que dicha restricción, basada en incidentes aislados con baterías, es desproporcionada y no cuenta con estudios de riesgo actualizados que la avalen.

Finalmente, Carlos Enjuto ha alertado sobre el impacto ambiental que supondrá la normativa prevista para 2027, que obligaría a retirar millones de patinetes que no cumplan con el nuevo Manual de Características de la DGT. «Esta medida podría generar hasta 72.000 toneladas de residuos, lo que contradice cualquier política de justicia climática y contrasta con las normas aplicadas a los automóviles más contaminantes», ha concluido el concejal.