La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, han visitado esta mañana las obras de una promoción de 51 viviendas públicas en el Paseo de la Estación, un proyecto impulsado conjuntamente entre el Ayuntamiento y el Gobierno de España, con financiación superior al millón de euros procedente de los fondos europeos Next Generation. 

Durante el recorrido, ambas dirigentes han reafirmado su compromiso con el acceso a la vivienda como derecho básico.

Así, Hernández ha anunciado que, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, se abrirá el plazo para solicitar 23 de estas viviendas en régimen de alquiler, reservadas a jóvenes de entre 18 y 35 años empadronados en Getafe desde hace al menos cinco años.

“Queremos que sean viviendas para los hijos de los vecinos de Getafe y seguir reforzando ese sentimiento de pertenencia que caracteriza a nuestra ciudad”, ha afirmado la regidora.

Las viviendas destacan por su alta eficiencia energética y sus condiciones económicas: aunque han sido catalogadas como Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), se ofertarán a precios propios de la categoría más baja (VPPB), lo que supone un 15% menos respecto al módulo establecido.

Tienen entre uno y dos dormitorios, superficies de unos 65 m² útiles, y cuentan con sistemas de autoconsumo colectivo que ayudarán a reducir los costes en suministros. Además, ni el IBI ni los gastos de comunidad serán repercutidos a los inquilinos.

La renta media estimada rondará los 700 euros mensuales. Además, se aplicarán límites de ingresos para garantizar que el esfuerzo económico no supere el 30% de los ingresos familiares.

El sorteo se prevé antes de finalizar el año, y la entrega de llaves está prevista para junio de 2026.

En paralelo, la alcaldesa ha abordado las deficiencias del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que afecta a cuatro promociones en los barrios de Buenavista y Los Molinos. Entre los problemas señalados figuran piscinas sin abrir en Buenavista, goteras en Los Molinos, garajes aún no habilitados y desperfectos en aceras y arbolado derivados de la construcción.

Aunque estas incidencias son competencia del Gobierno regional, el Ayuntamiento ha tenido que intervenir, organizando reuniones con las empresas del Plan Vive y los vecinos afectados. La alcaldesa ha criticado la pasividad de la Comunidad: «Se pone de perfil cada vez que hay problemas». También ha recordado que la semana pasada trasladó personalmente estas quejas al consejero de Vivienda, señalando que “no se pueden entregar viviendas con desperfectos y sin la calidad que lo público debe tener”.

Además, ha subrayado que, a diferencia de las viviendas municipales, en las del Plan Vive sí se repercute el IBI a los inquilinos, encareciendo el coste final. El Ayuntamiento ha insistido en que “en Getafe las cosas se deben hacer bien” y que las empresas no recibirán las licencias si no subsanan previamente todas las deficiencias detectadas.

Isabel Rodríguez, por su parte, ha recalcado que este tipo de colaboración demuestra que es posible garantizar vivienda asequible de calidad si las administraciones se implican activamente. “No podemos dejar el derecho a la vivienda en manos del mercado privado. Es necesaria la acción pública para construir un parque habitacional estable, protegido y al servicio de la ciudadanía”, ha declarado la ministra.

También se ha referido a los retos del mercado del alquiler, al que ha calificado de “salvaje” y responsable de absorber gran parte del esfuerzo salarial de las familias. “Tenemos que intervenir. En Getafe, más de 10.000 familias viven de alquiler, y en la Comunidad de Madrid, medio millón. No podemos mirar hacia otro lado mientras los precios suben de forma abusiva”, ha añadido.

Ambas dirigentes han lamentado la ausencia del Gobierno regional madrileño en estas iniciativas. “Decir que no a este modelo es decirle que no a miles de madrileños y madrileñas que hoy precisan una vivienda digna”, ha señalado Rodríguez.

Sara Hernández ha sido aún más explícita: “La Comunidad debe ejercer sus competencias, pero también ponerlas en marcha. Declarar Getafe zona tensionada es solo una medida más, pero necesaria. Cuando todos sumamos, los resultados se notan en la vida real de la gente”.

Con más de 4.000 personas en lista de espera, Getafe ha avanzado en un modelo de vivienda pública transparente, con precios justos y altos estándares de calidad, liderando una alternativa real al mercado especulativo.