El pasado mes de marzo, la ILP de regulación de personas extranjeras en España, daba un paso histórico siendo admitida a debate en el Congreso de los Diputados. Ana González Mariscal, coportavoz del partido y concejala de Participación, señala “las iniciativas legislativas populares son una herramienta fundamental de participación política que tiene la sociedad civil para incurrir en la agenda parlamentaria. Más allá de las más de 500.000 mil firmas que han recogido en torno a esta causa, hay que destacar el mérito en el proceso de asambleas, reuniones, debates entre asociaciones y organizaciones, ha sido una gran victoria, pero queda mucho por andar”.
Según detalla la proposición de ley, en España residen de manera irregular entre 390.000 personas a 470.000, una tercera parte son menores. Tanto los criterios para obtener la residencia, como la lentitud en los diferentes procesos administrativos y también el elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder autorizaciones o renovaciones, lleva a una gran parte de estas personas a la marginalidad, la desigualdad y la explotación laboral.
Por todo ello en la proposición se propone llevar a cabo una regularización extraordinaria que permita visibilizar a todas las personas migrantes sin papeles agilizando los procesos administrativos y reduciendo el tiempo de espera de dos años en los arraigos laborales y para la formación, y de tres años en los arraigos sociales, en los casos de aquellas personas en situación irregular que dispongan de un contrato de trabajo y su familia.